La sanidad pública necesita apoyarse más en la privada para ser sostenible y ganar eficacia

Aumentar la coordinación entre comunidades autónomas y las políticas de prevención y potenciar la asistencia primaria son algunas propuestas de la sesión “El coste en sanidad en España”

La sanidad pública necesita apoyarse más en la privada para ser sostenible y ganar eficacia

Para que la sanidad pública española sea sostenible y cubra las necesidades de la población, debe reducir gastos y ganar eficacia, lo que solo es posible si se apoya en la gestión privada en un mayor porcentaje que hasta ahora, a través de una mayor coordinación y colaboración, según se puso de manifiesto en la mesa redonda “El coste en sanidad en España”, celebrada en la Real Academia de Doctores de España (RADE), bajo la presidencia de su titular, Jesús Álvarez Fernández-Represa.

Según Juan Iranzo Martín, Académico de Número de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, “dedicamos un 6,5 por ciento del PIB al sistema nacional de salud, unos 70.000 millones al año, que junto a un 3 por ciento adicional del sistema privado, constituye un gasto cercano a un 10 por ciento en sanidad en España”, añadió. El modelo está sufriendo un profundo cambio, como consecuencia del envejecimiento de la población, porque las enfermedades agudas se convierten en crónicas. Una persona con más de 70 años tiene una media de tres enfermedades crónicas y está polimedicada. La mitad de este grupo de población ingiere más de ocho pastillas diarias, indicó Iranzo.

Otro problema es la insuficiente comunicación entre las comunidades autónomas en el campo sanitario, que duplica pruebas y diagnósticos. El sistema está fragmentado, pero no solo el público, sino también entre el público y el privado. No hay clara colaboración entre ambos, y muchos ciudadanos pagan dos y tres veces su asistencia sanitaria mediante los impuestos, las cuotas a aseguradoras privadas y, en ocasiones, asistencia privada. “Además, no está resuelto suficientemente el tratamiento de las enfermedades psíquicas y raras”, señaló.

Entre las posibles soluciones, Iranzo mencionó el incremento de las políticas de prevención, que generaría un ahorro fundamental económico y social. Se declaró partidario de un ticket regulador para la asistencia sanitaria, como el que existe para los medicamentos, con el fin de controlar la demanda, que no es lo mismo que cofinanciar, ya que, cuando el precio de un bien o servicio es cero, la demanda tiende a infinito.

Hay que potenciar, añadió, la asistencia primaria para que el tratamiento directo al paciente se haga en el centro de salud, y no trasladar inadecuadamente el problema al especialista. Es preciso analizar la evolución de los gastos en la farmacia hospitalaria, que fue el único toque de atención que hicieron los “hombres de negro”, de la UE, a España en materia de sanidad. Conectar en red todos los centros sanitarios, afirmó, permitiría compartir información sobre el paciente y abarataría costes. Propugnó la coordinación real entre las comunidades autónomas, para eliminar las barreras actuales, que llevan a intercambiar pacientes en el límite geográfica entre comunidades, y defendió el replanteamiento del modelo de hospital a favor del muy especializado, frente a las grandes ciudades sanitarias.

Consideró imprescindible la coordinación público-privada para mantener la sostenibilidad, tanto en hospitales como en tecnología, de modo que los recursos tecnológicos, de elevado coste, funcionen casi todo el día. Así como aprovechar la red de farmacias para que, dotadas de medios tecnológicos, hagan el seguimiento de los pacientes, y no desde los centros sanitarios. Pruebas-piloto hechas en el País Vasco, han demostrado que esta medida reduce las consultas de urgencia en un 50 por ciento, y un 56 por ciento las hospitalizaciones.

Finalmente, el ponente propuso separar la sanidad de la dependencia, porque la asistencia a los dependientes no se hace adecuadamente en los hospitales y es más costosa; se declaró a favor de una red global especializada para las enfermedades raras, donde se atienda a los enfermos de todas las comunidades, y no que exista una especialidad en cada comunidad.

84.000 millones en enfermedades mentales

Inés López-Ibor Alcocer, Académica Correspondiente de la Sección de Medicina, dijo que los trastornos mentales y las enfermedades neurológicas suponen un gasto de 84.000 millones de euros anuales para España, según datos de 2010. El gasto mayor es de los trastornos mentales (46.000 millones) frente a las enfermedades neurológicas (38.000). El coste medio por paciente se cifra en 2.440 euros al año, desde 36.946 euros para pacientes con esclerosis múltiple, hasta 402 euros para los que sufren dolores de cabeza. El coste más elevado es el de los trastornos psicóticos, 17.576 euros al año. Lo más importante, advirtió, es que un 47 por ciento del total son costes indirectos, frente a un 41 de costes sanitarios directos y un 12 de no sanitarios.

Las demencias generan un gasto de 15.402 millones de euros al año, los trastornos del estado de ánimo, 10.763; la ansiedad, 10.365; los accidentes cerebrovasculares, 8.584, y los trastornos psicóticos, 7.973. El impacto económico de los trastornos más frecuentes, ansiedad y depresión, supera el de otras enfermedades físicas, como la esclerosis múltiple, la epilepsia o los tumores cerebrales. El impacto de las enfermedades mentales, según los datos de 2010, equivale a casi un 8 por ciento del PIB, “pero no se invierte mucho en ellas”, puntualizó.

Entre 1990 y 2013 los enfermos de depresión o ansiedad han aumentado cerca de un 50 por ciento, de 416 a 615 millones de afectados, casi un 10 por ciento de la población mundial, según la OMS. Pero la inversión en servicios de salud mental son muy inferiores a lo necesario.

Afirmó López-Ibor, que los beneficios de invertir en el tratamiento de la ansiedad y la depresión son cuatro veces superiores al gasto asociado. Por cada dólar invertido se consigue un retorno de cuatro, gracias a un mejor estado de salud y una mayor productividad de los afectados. Si el coste de la atención ascendiera a 147.000 millones de dólares, el aumento de la productividad laboral (5 por ciento), supondría 399.000 millones de dólares, y la mejoría de su salud aportaría 310.000 millones más.

Con la crisis económica, la tasa de suicidios ha aumentado en los distintos países, sobre todo, en población más joven, según un estudio de la Fundación López-Ibor. En España fallecieron por suicidio, en 2016, casi el doble de personas que por accidentes de tráfico. La crisis ha provocado una progresiva psiquiatrización de los malestares de la vida, con el consiguiente consumo de antidepresivos y ansiolíticos. La consecuencia es que la prescripción de antidepresivos ha aumentado un 10 por ciento cada año en los últimos diez, sin que esté demostrado su eficacia, por ejemplo, en las reacciones de duelo. “A lo mejor, muchos de nuestros pacientes depresivos no están diagnosticados, mientras otros están sobrediagnosticados”, subrayó. Sin embargo, su consumo es cada vez mayor. En España, ansiolíticos y antidepresivos son los medicamentos más vendidos. Casi un 15 por ciento de la población toma un ansiolítico y el 17, un hipnótico.

López-Ibor apuntó que la farmacogenética aplicada a la psiquiatría está ayudando a afrontar este problema, porque “si sabemos cómo alguien metaboliza un fármaco y que ese es el medicamento que le va a sentar bien en una enfermedad crónica, evitaremos un coste al sistema importante, acertaremos en el tratamiento y habrá menos efectos secundarios, porque las reacciones adversas son importantes: en España causan 80.000 estancias hospitalarias y casi 1.800 muertes anuales difíciles de detectar. Si se aplicase la farmacogenética podrían reducirse entre un 10 y un 20 por ciento las reacciones adversas, se mejoraría de un 10 a un 40 por ciento la respuesta a los fármacos, además de disminuir los costes sanitarios en un 12. Para concluir, López-Ibor dijo que, entre las medidas que deben tomarse en el sistema sanitario, hay que tener en cuenta “si son eficaces y eficientes nuestras intervenciones”.

Se confunde externalización con privatización

Eugenio Prieto Pérez, Académico de Número de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía, analizó el estado de los seguros privados de salud en España, cuyas primas ascendieron, en 2016, a 7.600 millones de euros, casi un 12 del gasto en sanidad. Cuentan con seguro de salud 10,6 millones de ciudadanos, atendidos por 75 entidades aseguradoras, de las que cinco reúnen el 72 por ciento de las primas.

Dado que el sostenimiento del sistema nacional de salud depende de las condiciones presupuestarias, Prieto abogó porque, en el futuro, se asigne al sector sanitario privado una parte mayor de la gestión pública mediante conciertos y colaboraciones, siguiendo el modelo de la MUFACE, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que cubren a casi dos millones de funcionarios que han tenido la opción de elegir entre sanidad pública y privada. “La externalización de los servicios sanitarios se confunde con la privatización de la sanidad con tintes ideológicos de consecuencias nefastas al impedir que se dote a España de un sistema sanitario más eficiente, manifestó.

“En la medida que la combinación de gestión pública-privada consiga mayores niveles de eficacia, dentro de los objetivos sociales del sistema nacional de salud, se estará contribuyendo a su sostenibilidad”, aseguró Prieto. “Al ser la sanidad un componente importante del estado de bienestar, su sostenibilidad solo es posible con la reducción del gasto mediante ganancia de eficiencia, si se pretende no dejar de cubrir las necesidades sanitarias de la población al nivel actual”.

Para finalizar, Prieto aseveró que es obligada la colaboración ciudadana a la sostenibilidad, promoviendo una sociedad más saludable. Según la OMS, un 40 por ciento del gasto sanitario se dedica a enfermedades asociadas a hábitos no saludables: tabaco, alcohol, tensión arterial alta, colesterol u obesidad.

En el coloquio, Iranzo hizo hincapié en que en la sanidad pública no hay análisis de costes. “No sabemos cuánto cuesta un día de hospitalización, ni lo que cuesta la farmacia hospitalaria”. Prieto señaló que “las entidades aseguradoras tienen un déficit técnico muy significado, pero siguen funcionando porque no pierden la esperanza. Si queremos que sea sostenible, la sanidad pública tiene que apoyarse en la gestión privada; al menos, en un mayor porcentaje, y ya está bien que seamos los funcionarios los que tengamos esas ventajas. Lo que yo quiero es que esa capacidad de elección entre pública y privada se universalice o, al menos, aumentar el ámbito en que se pueda elegir”.

Respecto al coste de los medicamentos, Iranzo puntualizó que desarrollar una molécula cuesta entre ochocientos y mil millones de euros, y tienen éxito dos o tres de cada diez. Pero el periodo de vigencia de la patente, que en teoría es de 20 a 25 años, pasa por una serie de barreras burocráticas, y al final quedan en diez o doce años, por lo que propone alargarlo. Negó, además, que el sistema de subastas de medicamentos sea real, porque lo que se hace es conseguir el abastecimiento de un laboratorio y recibir una contraprestación.

Cerró la sesión el Presidente de la RADE, Álvarez Fernández-Represa que, entre otras cosas, manifestó que “la sanidad es un pozo sin fondo”. En su experiencia como director de un departamento de cirugía de un gran hospital, agregó, nunca recibió información sobre sus costes, y las cosas continúan igual. Recordó también que aquella pretensión de entregar a los pacientes “facturas” meramente informativas del coste ocasionado por su hospitalización se prohibió de inmediato.