Para crecer, Morales-Arce propone más industria, servicios, infraestructuras, exportación y mejor educación

El académico de la RADE advierte que solo el anuncio de que se abandona la agenda reformista agravará los problemas de la economía española

Para crecer, Morales-Arce propone más industria, servicios, infraestructuras, exportación y mejor educación

Implantar un modelo productivo razonable, con más protagonismo de la industria básica y de la agroalimentaria; ampliar algunos servicios básicos, infraestructuras y ayudas al emprendimiento; fomentar el comercio exterior, sobre todo de pequeñas y medianas empresas; facilitar la llegada de inversores extranjeros y racionalizar el sector público para evitar ineficacias, y todo ello con un verdadero empeño en mejorar la enseñanza y la formación profesional, permitiría a España superar el atraso que padecemos, mejorar la igualdad de los ciudadanos y alcanzar un nivel de crecimiento y bienestar sostenible y eficiente. Es la propuesta formulada por el profesor Rafael Morales-Arce, miembro de la Real Academia de Doctores de España (RADE), en la sesión “Desigualdad social en la posición de Angus Deaton (Premio Nobel de Economía 2015)”, organizada por la sección de Ciencias Políticas y de la Economía de la corporación.

El ponente resaltó durante su exposición que “ahora se quiere por razones políticas abandonar la agenda reformista. Pues bien, solo con el anuncio de que eso se va a hacer, los problemas se agravarán. Si el año pasado la renta creció un 3,2 por ciento, en 2016 va a crecer, al menos, un punto menos. Ya el último trimestre del año y el primero de 2016 van a tener una baja de un 50 por ciento de crecimiento estanco”.

El doctor Morales-Arce inició la sesión, que moderó el presidente de la RADE, Jesús Álvarez Fernández-Represa, analizando la figura y las tesis del profesor Deaton, que contrastó con las opiniones de distintos especialistas y las conclusiones de instituciones nacionales e internacionales, al tiempo que repasó la situación actual de la desigualdad en España, para afirmar que “las investigaciones del último premio Nobel de Economía, y de otras instituciones, son importantes para avanzar en el campo de la desigualdad, para conocer con más y mejores criterios los problemas que hay detrás de ella”.

Deaton, un Nobel crítico con la austeridad

Deaton, abiertamente crítico con las políticas de austeridad, elaboró un nivel de pobreza basado, no solo en los ingresos monetarios, sino también en su impacto sobre el bienestar personal: salud, educación servicios sociales, y en la influencia de la paridad del poder adquisitivo, que repercute en el dinero disponible, señaló el ponente. La salud, según Deaton, está en el origen de la desigualdad. Hay que indagar el tamaño y la estructura familiar, la edad de sus componentes, la esperanza de vida al nacer, la extensión de la economía sanitaria o la ingesta de calorías. La desigualdad en salud, mantenía el Nobel, es un condicionante superior al nivel de ingresos y la influencia de la fiscalidad de las personas físicas. Su método de trabajo habitual, la encuesta, superó los datos agregados y acumulados con un instrumento sencillo para estimar la demanda, que depende de cuatro factores básicos: el precio del bien, el precio de otros bienes complementarios, el nivel de ingresos y de renta y las preferencias (comportamientos, gustos, satisfacción…) del consumidor.

Con las premisas citadas como punto de partida, Morales-Arce planteó sus sugerencias para superar la desigualdad que afecta a la sociedad española, tras aclarar que, en definitiva, “somos, efectivamente, más ricos pero, también, menos iguales”. Creció el PIB en el periodo 2000-2015, pero la renta nacional disponible aumenta en porcentaje inferior, al igual que la renta per cápita, y lo mismo ocurrió entre 2008 y 2015.

El núcleo central de la desigualdad, para Morales-Arce, está en el desempleo estructural, que se sitúa entre un 15 y un 16 por ciento, y es el fruto de muchas rigideces, de la incertidumbre judicial y de las políticas ineficaces de empleo que se han aplicado en los últimos años. La regulación del mercado laboral se ha cambiado repetidamente, desde el Estatuto de los Trabajadores de 1979. “Así es imposible que el empresario que quiere iniciar una actividad sepa a qué atenerse. La regulación laboral está polarizada para las grandes empresas, cuando las sugerencias que habría que hacer serían muy sencillas: que haya un único tipo de contrato acorde al principio de causalidad; de forma que si el empleo es permanente, se haga un contrato fijo, y si es temporal, el contrato sea de igual característica”, añadio.

Las nuevas tecnologías, continuó, tienen que llegar al mercado laboral. Tiene que racionalizarse el sistema de horarios, hay que propiciar una mayor agilidad en la jurisdicción laboral y, finalmente, “tiene que llegar la regulación de la huelga, que hoy está avalada por un decreto-ley de 1977, anterior a la Constitución. Todavía no hemos sido capaces de regular la huelga por el miedo de las instituciones y de los partidos políticos de todos los colores, desde el comienzo de la Transición, como se ha hecho en cualquier país importante del mundo”.

Es absolutamente necesario reformar la dimensión de las empresas españolas, dijo. La gran empresa no hace más que despedir gente en busca de su racionalización, y hay que mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa, con un plan intensivo que facilite su internacionalización, la mejora de su calidad e innovación, y el establecimiento de sueldos más competitivos.

Tenemos un modelo productivo, según el ponente, sobre el que deberíamos reflexionar. “España ha sido un país tradicionalmente agrícola, la renta nacional del sector agrario está entre un 4 y un 5 por ciento, y la del sector industrial está hoy en un 15 por ciento, mientras en los años 70 estaba en algo más de un 30. Estamos desperdiciando el sector agroalimentario y el industrial puro que son los que generan más altas tasas de productividad”, manifestó, antes de subrayar que no se puede revisar de un día para otro el modelo económico de una nación, sino que debe ser el esfuerzo de muchas instituciones y empresas, y de la sociedad en su conjunto.

Según Morales-Arce, hacer sostenible el estado de bienestar requiere modificar las prestaciones y la financiación, lo que condiciona las decisiones que deben tomarse. De los 351.000 millones de euros que prevén los presupuestos generales del Estado para este año, se destinan a gasto social casi 194.000 millones, el 55,13 por ciento; y solo 6.425 millones, un 3,31 por ciento, van a investigación. “¿Cómo queremos mejorar la industria o la productividad de la economía con esa dotación”, exclamó. No obstante, en su opinión, ese gasto social no es baladí respecto a lo dedican otros países.

Formación profesional intensiva

Pero, para conseguir el progreso económico Morales-Arce considera fundamental mejorar el capital humano. “Ese plan tiene que abarcar una reforma educativa, porque aunque la formación ha mejorado durante la crisis, todavía hay un gran abandono escolar, y, sobre todo, la promoción de planes intensivos de formación profesional, como ya se hizo en España en los años 60 y 70, con planes acelerados de formación profesional, para que la sociedad ponga a disposición de las personas que están en desempleo las competencias que la empresas demanda”.

Ya en el coloquio, el conferenciante aseguró que el desempleo es un tema nacional, y siempre ha sostenido que el paro no alcanza el porcentaje que se publica oficialmente. Desde su experiencia como gerente del servicio de desempleo en los primeros años en que se creó, opina que un 20 por ciento de paro no sería asumible, porque no seria sostenible; y cree que el porcentaje real debe estar del orden de cuatro o cinco puntos por debajo del publicado, aunque esa sería también una cifra importante. Basa su posición en las magnitudes de la economía sumergida, que en algunas comunidades, como Extremadura, se estima en más de un 30 por ciento. Y agregó que falta autoridad para cortar ese problema y colaboración por parte de los representantes de los trabajadores. Tampoco le parece real la cifra de habitantes en riesgo de pobreza, que se establece en un 7 por ciento, que considera infladas.