Javier Cremades presenta una demanda contra Abengoa por daños y perjuicios a accionistas minoritarios

Para el académico de la RADE, España vive anclada en una suerte de capitalismo entre despótico y clientelar, sin mecanismos de control y contrapeso

Javier Cremades presenta una demanda contra Abengoa por daños y perjuicios a accionistas minoritarios

Cremades y Calvo-Sotelo, Abogados, despacho jurídico asesor de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), ha presentado la primera demanda de responsabilidad civil por daños y perjuicios contra Abengoa y su consejo de administración en nombre de un grupo de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. La querella había sido anunciada el pasado 1 de diciembre, en rueda de prensa, por Javier Cremades, académico de la RADE, presidente del citado despacho jurídico y secretario general de la AEMEC.

La demanda, que se ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla al que corresponde ahora decidir su admisión a trámite, basa su argumentación en la directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores. Aunque inicialmente la demanda tiene carácter civil y su objetivo es la reparación del daño patrimonial sufrido por los accionistas minoritarios, no se descarta el ejercicio de acciones penales si se dedujeran indicios de los que se desprendieran responsabilidades criminales. En todo caso, el despacho asesor de la AEMEC se encargará de la defensa de los intereses de los accionistas perjudicados por el preconcurso de Abengoa, y solicitará la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Según la nota informativa distribuida por la AEMEC, esta demanda “tiene un especial carácter innovador, ya que es la primera vez que en España se interpone una acción judicial de esta clase contra una gran compañía cotizada en mercados financieros regulados y supervisados. Esta actuación prueba la sensibilidad de nuestros tribunales, que hasta la fecha son los que están resolviendo el problema de la confianza en el funcionamiento del sistema, ante los supuestos de daños masivos causados por la difusión de informaciones equívocas al mercado”.

En su intervención ante los medios de comunicación, Javier Cremades aseguró que la argumentación de esta actuación jurídica es similar a la que han utilizado varias demandas de class action presentadas en Estados Unidos, en las que se ponía de relieve que la información financiera suministrada a los inversores por los directivos de Abengoa no se correspondía con la situación real de la empresa. Cremades subrayó que Abengoa tiene inversores de más de 50 nacionalidades y que los accionistas que representa han sufrido unas pérdidas entre 400.000 y 6.000 euros.

Capitalismo sin control

En un artículo publicado en el diario EL PAÍS, el 4 de diciembre, Javier Cremades señalaba que “en España, los pequeños accionistas e inversores no nos libramos de sobresaltos. Después de haber superado la crisis financiera, con los duros costes que su gestión supuso para el ahorrador particular, y haber sido testigos de algún fraude directamente asociado a malas prácticas empresariales, parecía que las aguas volvían a su cauce. Por desgracia no ha sido así. En estos días hemos presenciado como Abengoa, una de las grandes empresas de nuestro país, con presencia en todo el mundo, referente en ingeniería y en energías renovables, con nada menos que 28.000 trabajadores en su estructura y más de 50.000 accionistas, solicitaba preconcurso de acreedores al amparo del artículo 5 bis de la Ley Concursal, era expulsada del Ibex 35 y perdía prácticamente todo su valor bursátil”.

Añadía el miembro de la RADE que no cabe duda de que tenemos graves problemas en nuestro sistema económico. “Y nuestros problemas no son sólo el paro, la productividad o la falta de innovación y, por tanto, de competitividad. Nuestros problemas de verdad tienen un carácter más profundo. Llegan incluso al propio componente sociológico o incluso antropológico de nuestro ser. Quizá, para entendernos, podemos hablar de que España vive a día de hoy todavía anclada en una suerte de capitalismo entre despótico y clientelar, pero sobre todo carente de un adecuado funcionamiento de los necesarios mecanismos de control y contrapeso propios de toda economía capitalista”.

Para Cremades, en las crisis empresariales más importantes de los últimos años podemos encontrar un denominador común. “En todas se contemplaban las relaciones de empresa como proyectos de manejo personal, sin estructuras transparentes, pero con destacados apoyos bien políticos bien financieros. Bankia, Pescanova o ahora Abengoa, son ejemplos ilustrativos de lo indicado. Casos muy distintos entre sí pero no tan distantes en la combinación de los elementos detonantes de las crisis. Endeudamientos irracionales, planes de negocio ilusorios, información irreal a los mercados, auditores silentes y reguladores durmientes, constituyen el aderezo que singulariza nuestros escándalos financieros. Una vez que estalla el problema, la reacción es la misma. Políticos que llaman a la cordura de los actores involucrados, normalmente empresa y banca financiadora, para que se busque una solución que evite la pérdida de empleo y la destrucción de riqueza. De remedios para con los accionistas sin embargo nadie habla. Y caso tras caso son ellos los que pagan los platos rotos de los errores ajenos”.

El pilar de la seguridad jurídica

Esta situación no puede mantenerse en el tiempo, según Cremades. “El capitalismo tenemos que tomárnoslo en serio, desterrando de una vez por todas los sucedáneos con los que se corre no sólo el riesgo de seguir cometiendo atropellos para con los pequeños ahorradores, sino también, lo que es incluso más preocupante, de poner en propio riesgo el sistema al alimentar el pensamiento anticapitalista. La economía de mercado es un sistema de organización económica basado en principios tan esenciales como la libertad de individuo, el derecho de propiedad privada, pero sobre todo la seguridad jurídica. Si no asentamos adecuadamente este último pilar, el edificio no se sostendrá en pie”.

“Desde la Asociación Española de Accionistas de Empresas Cotizadas (AEMEC) llevamos tiempo proponiendo medidas concretas de transparencia, supervisión y regulación, para articular un mejor funcionamiento de los mercados —continuaba Cremades—. Hemos propuesto, entre otras, medidas de potenciación del control de los consejos por las junta generales, mejoras en la normativa de auditoría, especialmente en las compañías que apelan al ahorro público, atribución de poderes y medios efectivos a los supervisores para que puedan desempeñar con seriedad y solvencia su cometido final que no es otro que la protección del pequeño inversor. Por ahora no hemos tenido la respuesta que hubiéramos deseado. Lamentablemente, incluso, se ha respondido con alguna ley dirigida a dificultar cuando no a eliminar el asociacionismo accionarial. Ese, evidentemente, no es el camino. Cuando las empresas apelan al ahorro del público dejan de ser privadas. Son, como se dice directamente en el ámbito anglosajón, public companies, toda vez que su propiedad es del público ahorrador. Por esta razón a sus administradores deben serle exigidos unos estándares de conducta especialmente rigurosos y transparentes, toda vez que su cometido es la gestión del dinero de los demás”.